Hoy en día nos encontramos ante un cambio radical respecto del acceso a la justicia, considerado como un derecho humano, al que todo ciudadano puede acceder para que se le administre de manera imparcial, pronta, expedita y gratuita; elementos esenciales para procurar el Estado de derecho y lograr que la justicia se administre sin discriminación, por ello, es preciso adoptar todas las medidas necesarias, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables, que permitan promoverlo.
Al día de hoy el acceso a la Justicia es destacado como ‘LA NUEVA ERA DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LÍNEA.’ precisado así por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, el acceso a la justicia es un derecho humano, tal como lo es el de la educación, la salud, el trabajo; obstaculizarlo implicaría a todas luces una trasgresión de los derechos humanos que se encuentran contemplados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los instrumentos internacionales en los que México forma parte.
Derecho humano previsto en la Carta Magna, que constituye un derecho fundamental que además ha sido reconocido como una potestad inherente a la persona, en ese sentido, -el acceso a la justicia- es un derecho humano que garantiza, que toda persona pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, para que los propios órganos encargados de impartir justicia resuelvan sin obstáculos las controversias sometidas a su consideración, de manera pronta, eficaz y en los plazos establecidos por la ley, con el objeto de garantizar que toda persona pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer sus derechos.
El sistema judicial está integrado por un conjunto de tribunales y órganos responsables de impartir justicia, tanto federales como locales en las entidades federativas, así como de aquellas instituciones o personas que lo integran, por ello, es importante destacar que la actividad judicial pondere los valores para subsistencia legal del país, tal como la seguridad jurídica, es decir, la certeza y previsibilidad de que los derechos se respeten, las obligaciones se cumplan y que los actores sociales puedan tomar decisiones con una expectativa razonable de que las normas legales se hagan cumplir, lo que resulta a la vez, un factor de crecimiento económico; por ello, los tribunales tienen una gran influencia en el desarrollo de las economías y la calidad en la impartición de justicia es uno de los indicadores de competitividad de una nación.
Cabe destacar que, el 17 de marzo de 2020 el Poder Judicial Federal anunció la suspensión de labores, de los plazos y términos procesales, debido a la contingencia sanitaria que estamos padeciendo, con excepción de algunos órganos jurisdiccionales que implementaron guardias para la atención de los asuntos urgentes (en materia penal y de amparo), La mayoría de los poderes judiciales locales siguieron dicha línea, pero muchos con sus propios plazos de suspensión y su propio proceso de adaptación.
El primer paso dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue impulsar la implementación de la tecnología en la impartición de justicia, lo que representa un cambio radical y obligado para enfrentar la pandemia que hoy nos aqueja.
Es por ello que la implementación de dichos cambios pone a prueba muchos paradigmas, lo que ha dado grandes beneficios para el acceso a la justicia mediante la tecnología, avance que deja atrás de manera paulatina el cúmulo de expedientes y dar cabida a los archivos digitales, así como las audiencias virtuales, lo que representa un progreso para la impartición de justicia, como lo referí “de manera paulatina” ya que implementar este nuevo sistema no es de un día para otro, representa la creación de plataformas digitales, capacitar personal, cursos en línea, incluso diversos materiales de trabajo y sobre todo la adaptación y dejar atrás el sistema tradicional.
Esta evolución hacia la digitalización implica que el derecho fundamental de acceder a la justicia ha ido en crecimiento con el objeto de eliminar barreras físicas y temporales, hoy la auténtica limitación no es el acceso a los medios en línea –tan popularizados en todos los órdenes gracias a la tecnología móvil y las apps– sino la inexistencia de dicho acceso, obligando a los ciudadanos a costosos desplazamientos y largas esperas en despachos y dependencias judiciales.
El acceso a la justicia como derecho humano siempre será ponderado en todo momento, por ello, el Poder Judicial se ha puesto a la altura para enfrentar la situación que nos aqueja en cuestión de salud y justamente para priorizar dicho derecho humano es que ha implementado el sistema en línea y con responsabilidad velar por los intereses de los ciudadanos.
Sabemos que es un gran desafío y que falta mucho por recorrer, pero poco a poco se podrá palpar la justicia moderna.
Licenciada Noraima Araceli Sánchez Santos.
email: norsan_43@hotmail.com
twitter: @NoraimaSanche12
Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for supplying these details. Susy Micheal Schenck
THANKS