Seguramente muchos de nosotros habremos hecho una lista interminable de peticiones a los Reyes Magos, según las tradiciones católicas, para estas fechas, con más sello mercantil que religioso, pero con el sentimiento de algo terrenal o divino, pedimos se nos conceda la satisfacción de los deseos más profundos y legítimos.
Lo cierto es, que la realidad actual nos coloca ante hechos y consecuencias dolorosas y en ocasiones trágicas, pero en cada arista de nuestras vidas podemos distinguir aquellas necesidades que se relacionan con actividades, oficios o profesiones, que se han visto limitadas por las diversas prórrogas para el regreso a la normalidad y el constante cambio en los señalamientos de semáforo de contingencia.
En el caso de la Ciudad de México, actualmente nos encontramos en -semáforo rojo-, lo que impide la movilidad y la realización de actividades necesarias para generar la productividad sustentable de los ciudadanos, en diversos aspectos de la vida cotidiana.
La lista de deseos puede ser larga, en virtud de las circunstancias que se han generado alrededor de la contingencia sanitaria ya conocida y sufrida por muchos, como es el caso de los temas de salud, seguridad, economía, productividad y justicia entre otros.
Este último tema de justicia, es de suma importancia debido a que se mueven múltiples intereses tanto económicos como de derechos personales que deben salvaguardarse mediante el dictado de sentencias judiciales, que resuelvan aquellas controversias originadas entre particulares o con la intervención de autoridades, tarea no fácil para los Juzgadores.
Podemos analizar de forma interminable cuales son las consecuencias de la suspensión de labores de los Tribunales, plazos, términos y procedimientos que deberían ser desahogados en los tiempos que la ley señala, sin embargo, al no haber condiciones de salud suficientes para salvaguardar la integridad de las personas que acuden a dichos recintos, tanto empleados, como litigantes, se hace indispensable la toma de decisiones por parte de los titulares de los Poderes Judiciales, tanto Federal como locales, trayendo como consecuencia la parálisis en la impartición de justicia.
A pesar de que se han venido publicando diversos acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura Federal y del Poder Judicial de los diversos tribunales de cada Entidad Federativa, mediante los cuales justifican la prórroga en la suspensión de labores jurisdiccionales, no se logra unificar ni dar el acceso requerido para los procedimientos en línea o juicios en la forma digital, que buscan que los litigantes lleven sus trámites sin necesidad de asistir a los juzgados.
En diversas ocasiones el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la justicia no se detiene, pero por otra parte, se suspenden términos y plazos, paralizando aquellos juicios que ya se encontraban iniciados desde la declaración de pandemia y suspensión de actividades, a pesar de que se autorizó el reinicio de labores y hubo nuevas suspensiones, no se ve palpable un resultado de las controversias vigentes, dando como consecuencia la violación a derechos fundamentales y humanos, como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al postular de manera esencial que “La impartición de Justicia será pronta y expedita”, lo que significa que las controversias, protección y restitución de derechos de los ciudadanos, debe ser sin demora, de forma clara y apegada a derecho, a través de los Órganos Jurisdiccionales competentes para cada caso.
Luego entonces, qué sucede con todos aquellos asuntos que se encuentran pendientes de admisión, trámite y en su caso, resolución y mientras tanto se están produciendo consecuencias negativas para cada persona que se ha visto transgredida en su ámbito personal, económico, en sus bienes o derechos, que requieren de la intervención de un Juez, que conozca y resuelva aplicando las normas vigentes a cada caso concreto y por más que los Tribunales establezcan guardias con personal capacitado para recibir, tramitar y en su caso resolver los asuntos de carácter urgente, esto no mitiga la problemática, puesto que los archivos de los Juzgados se encuentran repletos de expedientes con antigüedades que van más allá de lógica justificable.
Los recientes acuerdos emitidos por las autoridades judiciales, han establecido de manera provisional y tentativa que el regreso a las labores presenciales, será hasta el 31 de enero del año en curso, para el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que en el Tribunal Federal, se ha señalado como término de la suspensión de labores presenciales el 28 de febrero del año corriente, por su parte la Ciudad de México se ve suspendida en su Poder Judicial hasta el próximo 15 de enero, siempre con la incertidumbre de que con sujeción a los índices de riesgo rexportados por los funcionarios del sector salud, lo que puede ampliar dichos plazos. La actual situación que estamos padeciendo de forma global, nos hace reflexionar y cuestionar ¿Qué es más importante, la solución a las controversias judiciales, o la búsqueda de sobrevivencia?, sin duda, la vida, porque sin ella no hay forma de reclamar ni otorgar, pensemos en la colaboración individual al extremo, para mitigar la crisis de salud y ya después de eso, podremos seguir ejerciendo nuestros derechos y obligaciones.