REFLECTORES PARA LA SUPREMA CORTE

Nuevamente toca dirigir las luces y atenciones para el máximo Tribunal de nuestra Nación, cuando esta semana el Pleno resolvió declarar inconstitucional el decreto Presidencial que proponía una prórroga de dos años en el periodo de ejercicio del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien desde ya hace varios meses, había manifestado su repudio personal a dicha propuesta.

No obstante la manifestación pública realizada por el Ministro Presidente de la Corte, en el sentido de que no aceptaría la prórroga de su mandato, en los términos propuestos por la Presidencia de la República, dicho decreto fue sometido al estudio de inconstitucionalidad ante el Pleno del Poder Judicial Federal, integrado por los once ministros existentes e integrantes, quienes en sesión del pasado día dieciséis de noviembre del presente año, votaron el proyecto del ministro designado como ponente, resultando una votación de diez ministros que decidieron declarar inconstitucional el contenido del artículo trece transitorio del decreto, para señalar en conclusión que no es posible alargar el periodo de mandato de los Ministros ni de su Presidente del Pleno y del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que la Constitución Política es clara en ese sentido al establecer los periodos para ese tipo de funcionarios públicos.

Como consecuencia de ello, no se hicieron esperar los comentarios de otros altos funcionarios, empezando por el Presidente de la República, quien continúa manifestando de forma pública y airada, que todos aquellos integrantes el Poder Judicial, son corruptos y que ganan cantidades de dinero muy por encima de lo ordenado por él mismo desde el inicio de su mandato.

Otra instancia no menos beligerante, es el congreso de la unión formado en su mayoría por integrantes del partido político del Presidente, quienes en airadas y belicosas sesiones de la Cámara de Diputados aprobó hace unos días el presupuesto de egresos de la federación, para el periodo del año entrante, en el que de forma artera decidieron restringir y disminuir los presupuestos que debían ser asignados a diversas instituciones, tan importantes como el Instituto Nacional Electoral, conocido como “INE”, así como al mismo Poder Judicial Federal, a quienes les reduce considerablemente las partidas presupuestales, colocándolas en situación incómoda e inminente imposibilidad de ejercer sus funciones de manera efectiva.

Así pues, para el caso del INE, con la disminución en varios miles de millones de pesos, a su partida anual de presupuesto, pone en riesgo la realización del ejercicio de consulta para la llamada “REVOCACIÓN DE MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”, por cuestiones logísticas y gastos de organización para la distribución y colocación de casillas electorales programada para el próximo mes de marzo de dos mil veintidós, sin embargo, el argumento de los integrantes de la mayoría de la cámara de Diputados, siguen afirmando que el instituto tiene suficientes fondos de capital para ello.

Aquí en lo personal considero, que independientemente de la disminución o no autorización de otorgar presupuesto adicional al INE, especialmente para la organización y aplicación de la consulta de revocación de mandato, resultaría un gasto ocioso y por demás desperdiciado, puesto que, sabemos que no se obtendrá ningún resultado favorable para la oposición y que de asistir votantes, solo serán partidarios de la llamada cuarta transformación y solo se confirmará y ratificará el nombramiento del señor López Obrador, por lo tanto lo prudente es dejarlo ejercer su mandato de manera legítima por el tiempo que resta del periodo para el que fue nombrado Primer Mandatario y en todo caso, que cumpla sus metas propuestas en campaña, misma que al parecer no ha terminado.

Por otra parte, la reducción de presupuesto impuesta al Poder Judicial de la Federación, resulta ser un arma de dos filos, por un lado se puede pensar que con ello se dejará de realizar despilfarro de recursos y limitar un poco las prestaciones de los altos funcionarios como son los Jueces, Magistrados y Ministros, pero por otra parte se omite analizar que el funcionamiento integral de la Institución impartidora de Justicia, requiere precisamente de un soporte de recursos y capitales para poder manejar la creciente presentación de conflictos de particulares que llegan a su jurisdicción, para lograr el anhelado fin que es impartir justicia.

El caso es que, de haber reducción de presupuesto en el Poder Judicial Federal, lo primero que sucederá es que a los empleados de medio nivel y bajo se les reducirán sus prestaciones y acceso a aumentos de salario, provocando el descontento generalizado de la gran plantilla de trabajadores judiciales, independientemente de la otra parte de la reforma judicial, que incluye supuestos lineamientos para evitar los actos de nepotismo y corrupción, cosa difícil, a como se vislumbra la aplicación de esas modificaciones a la Ley Orgánica.

El panorama dentro de esta Institución se ve muy negro, ya que actualmente con la implementación de estas reformas, se limitan los derechos de escalafón, aspiración a puestos superiores y movimientos de un órgano a otro por licencias o asignaciones temporales, porque se perdería la categoría de base, para ser considerado como empleado de confianza, lo que implica la posibilidad de ser despedido en cualquier momento y se pierde la seguridad jurídica del empleado judicial, pero eso será materia de otro tema, que en su momento comentaremos con amplitud.

Por lo pronto, solo me queda desear que las reformas a la Ley y las declaraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan el soporte para lo cual son emitidas y el ciudadano común no sufra las consecuencias.