Hemos de ver cosas inauditas, pero la realidad rebasa la ficción, rezan algunos dichos populares, pero nuestra historia da cuenta de acontecimientos que nos dejan con la boca abierta y el bolsillo vacío, como es el caso de las decisiones administrativas, políticas y económicas que deben adoptar los gobiernos a través de sus poderes de gestión, para recaudar recursos y lograr su funcionamiento burocrático.
El caso de la recaudación a través de los impuestos, que por naturaleza son necesarios para el sostenimiento de una sociedad en cuanto a su estructura de servicios en toda su gama y estructura, sin embargo, existen conceptos de gastos que por más que se traten de justificar, simplemente no dan la talla ni credibilidad, consecuentemente se vuelven ilógicos y perniciosos.
La naturaleza humana ha evolucionado de forma gradual al paso de los tiempos y necesidades, lo que provoca la organización para poder vivir en grupos y sociedades, que definitivamente requieren una cooperación colectiva, lo que nos lleva a la obtención de satisfactores, así cada individuo realiza actividades personales para vivir en comodidad y confort, al menos esa es la meta.
Resulta que cada gobernante en turno, viene con la idea de implementar prácticas y estrategias encaminadas a lograr primero la recaudación y segundo la simpatía de aquellos que le sirven, por lo tanto se buscan las teorías aplicables a ello, siempre enarbolando actitudes de consentimiento y aprobación de los sectores más generadores de votos, es por ello que, día a día aparecen propuestas de reforma a la ley, normas y reglamentos, que sostengan sus decisiones e intenciones.
Existen catálogos completos de impuestos aplicados en determinado tiempo, lugar y circunstancias, que podemos calificar de absurdos, onerosos, impositivos, autoritarios y de cualquier otra denominación, pero en ocasiones somos destinatarios de verdaderas barbaridades, con pretendidas justificaciones, de que van dirigidos a ciertos sujetos que pueden y deben colaborar con la -causa-, por cierto, este término utilizado en el argot de movimientos rebeldes o revolucionarios.
Recuerdo haber leído en muchos textos históricos y escuchado anécdotas de algunos Presidentes y Gobernadores, que han caído en pifias y pasado a la historia por la toma de decisiones para imponer gabelas, cargas tributarias, imposiciones pecuniarias o lo que sea para satisfacer sus egos, lograr sus metas populistas, entre otras cuestiones, como es el caso del célebre y odiado Presidente post-revolucionario, Antonio López de Santa Ana, que trascendió en los anales de la historia, por su mala conducta, acciones descabelladas, como el caso de vender o ceder por cualquier motivo turbio, gran parte de nuestro territorio nacional, que hoy forma parte del sur y centro de los Estados Unidos de Norteamérica, pero entre sus frecuentes borracheras, se dice, ordenó la imposición de tarifas económicas a todo aquel ciudadano que fuera propietario de bienes inmuebles que tuvieran ventanas con vista a la calle.
Acto que le dio como ganancia el repudio de la sociedad y población citadina principalmente, así muchos otros mandatarios han tomado decisiones por demás impopulares con un pretendido propósito con fin social, como es el caso de la famosa -tenencia vehicular-, que se creó para solventar los gastos a erogar por la organización de los Juegos Olímpicos del año 1968, en la capital de nuestro País y otras entidades de la república, principalmente para construir la Villa Olímpica que albergaría a los atletas extranjeros que asistirían a la justa deportiva, pero ese impuesto por la tenencia de vehículos automotores se quedó para siempre, puesto que, es una fuente importante de ingresos para el gobierno en turno, aunque en la actualidad algunas entidades, la han derogado, la verdad es que se sigue recaudando por algún concepto de derechos disfrazados.
La reflexión del día de hoy es por un tema que va más allá de los ejemplos antes señalados y que demuestra que la imaginación humana rebasa todo lo que comúnmente e intelectualmente podemos entender, como es el caso de la peregrina propuesta de la señora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuyo nombre no quiero pronunciar, quien está proponiendo un nuevo impuesto dirigido a los repartidores de mercancías, comidas rápidas o cualquier entrega derivada del uso de plataformas tecnológicas que permiten a las personas que por cualquier medio utilizan las vías de comunicación como calles que forman parte de la infraestructura capitalina, es decir, que por usar las vialidades para hacer entregas a domicilio, se deberá pagar un impuesto equivalente al dos por ciento de total de las ventas.
Absurdo, descabellado, ilógico, bárbaro, inconsciente, estu….., no puedo decir más, lo cierto es que en la constante búsqueda de ingresos por parte del gobierno, se ocupa a grupos de investigadores y creadores de ideas encaminadas a inventar formas de recaudación y desafortunadamente, entre ellas aparecen estas brillantes hipótesis que se ponen en manos del Congreso de la Ciudad de México, integrado en su mayoría por personas incultas y carentes de principios morales, que solo saben remar para su lado para llegar a obtener en un futuro el reconocimiento de su líder para obtener otro puesto dentro de la administración pública, pero a costa de aprobar ideas contra natura, como es el caso de este impuesto negro.
Resulta que a raíz de la pandemia, mucha gente se quedó sin ingresos, por la carencia de fuentes de trabajo, gracias a la ausencia de apoyos por parte del gobierno, que solo le echó la bolita al sector empresarial sin disminuir las cargas tributarias ni de otra naturaleza, por el contrario, instigando y presionando a la clase media, circunstancia que obligó a muchas personas a emplearse en actividades como, la entrega de bienes y servicios a domicilio, repartiendo, entregando, vendiendo, ofertando cualquier clase de productos, por sus medios y posibilidades, pero ahora resulta que por el hecho de transitar y utilizar las calles, -por cierto llenas de baches, deterioradas, inseguras-, se tiene que pagar contribución, es inaudito, inconstitucional y violatorio de derechos humanos, por decir lo menos.
A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que por usar las calles, que son de dominio público, se deba pagar un impuesto, es tan irreal como pensar que algún día tendríamos que pagar por respirar o mirar lo que está a nuestro alrededor, o pagar simplemente salir a caminar, aparte de que ya en la realidad tenemos la obligación de -pagar por trabajar-, con el objeto directo de que el Estado recaude dinero de los impuestos de aquellos que lícitamente ganaron y contribuyeron, para mantener a la gente que no trabaja, ni trabajará, puesto que también le quitarían parte de sus ingreso para regresar al mismo principio de -cooperar para la causa-.
Amigos, la existencia de los impuestos o contribuciones, tienen fundamento legal y un fin específico lícito, por su destino lógico, natural y para bien común, pero cuando carecen de sustento intelectual y lógico, es una canallada y acto de barbarie, pero “Todo sea por la candidatura”.
Estoy de acuerdo con lo expuesto. Los dirigentes del Estado estatal y federal sólo han mostrado un interés por solventar su deuda pública ante la recaudación de los menos trabajadores formales que han perdido su trabajo por varias razones, una es por la pandemia, el hambre del Estado por recabar impuesto ha llegado al extremo como señala su análisis. Excelente comentario