Nuevamente y por enésima ocasión, vemos imágenes grotescas de agresión a la policía y especialmente a la famosa “Guardia Nacional”, que no ha hecho más que exponerse una y otra vez, a los embates de la delincuencia organizada, los manifestantes beligerantes y los guerrilleros consumados, disfrazados de estudiantes, que de ser así estarían en las aulas preparándose para el ejercicio de la profesión que eligieron.
Me refiero a los acontecimientos recientes del pasado día viernes cuatro de febrero, ocurridos en la autopista del sol, camino al puerto de Acapulco, lugar en que los ya mundialmente conocidos como los “Estudiantes de Ayotzinapa”, aspirantes a profesores de educación primaria, que siguen protestando bajo la bandera de sus compañeros desaparecidos y, que se han especializado en organizar marchas, manifestaciones, toma de casetas de peaje del sistema carretero, entre otras actividades plasmadas de oposición a todo lo que sea legal y legítimo.
A simple vista se aprecia que los actos de estos seudo-estudiantes, que han cometido innumerables delitos del orden común y federal, sin que sean sancionados en lo más mínimo y por el contrario, el Estado les proporciona elementos de defensa y justificación, pretendiendo hacerlos aparecer como -rebeldes con causa-, nada más alejado de la realidad, puesto que solo son vándalos y delincuentes organizados para causar daños a terceras personas y a los bienes del mismo sistema de Gobierno, haciendo exigencias cada vez más alejadas a la causa originaria de su nacimiento como organización manifestante.
La Escuela Normal de Ayotzinapa, se ha caracterizado por ser un cultivo de grupos de protesta, pero en la actualidad, se ha notado una radicalización violenta y violatoria de todo derecho, con la comisión permanente de delitos que deben ser materia de investigación y llevados ante las Autoridades Jurisdiccionales, para imponer las sanciones que amerite cada individuo que forma parte de los activos de la comisión de ilícitos.
Podemos hacer una lista de delitos que se han venido cometiendo desde el inicio de esta organización de grupos rebeldes, pero a pesar de la creciente violencia con que actúan, no podemos más que decir ¿y dónde están las fiscalías y el Poder Judicial?, brillan por su ausencia, lo que alimenta y cultiva las justificaciones para el crecimiento de ese movimiento guerrillero.
Los hechos ocurridos el pasado fin de semana, fueron más allá de lo acostumbrado por estos grupos de delincuentes mal llamados -estudiantes- al emplear objetos de gran tamaño y velocidad para causar daño a las personas y a los bienes, como es el caso de poner en movimiento un tráiler, propiedad de una empresa privada y lanzarlo en movimiento producido por su motor, alcanzando una velocidad suficiente para arrollar a los miembros de la Guardia Nacional que se encontraban tratando de contener la embestida de los guerrilleros.
En el ámbito del derecho penal, ese caso se puede calificar como la comisión de diversos delitos graves, que van desde delincuencia organizada, robo, ataques a la vías de comunicación federales, homicidio en grado de tentativa, con agravantes, debido al empleo de objeto peligroso, con la intención directa de causar daño y posibles lesiones, incluso homicidio en perjuicio de las personas que se encontraban y encaminado a las fuerzas del orden, incurriendo en concurso de delitos, que podrían alcanzar penas de muchos años de prisión.
Por otra parte, vemos con tristeza y admiración, que lejos de que intervengan las Fiscalías, local y federal, para integrar las carpetas de investigación, amén de que las mismas corporaciones policiacas se ven rebasadas y atadas de manos para detener a los causantes de dichas agresiones, quienes salen a hacer declaraciones públicas, son los titulares de la administración ejecutiva de los gobiernos, como es el caso de la Presidenta Municipal de Acapulco, al decir “….que no se puede sancionar a nadie porque el tráiler estaba en movimiento sin conductor y se debe tener empatía con los jóvenes estudiantes…”; cosa más aberrante no puede haber, puesto que está documentado el hecho de que los -lindos e inocentes jóvenes-, cansados de agredir a los elementos de la Guardia Nacional, bajaron al chofer del tráiler y lo impulsaron dolosamente hacia la multitud, para que sin control causara los destrozos y daños que ya conocemos.
Pero más admirable es la postura del señor López Obrador, quien con toda ligereza y desprecio a la vida de terceros, indolente, ante el alcance de los hechos e ignorando la existencia de las normas jurídicas, también dice, “…que los muchachos protestan por una causa, que no cometen delitos y sus padres deben de hablar con ellos para que se porten bien, ………que han sido infiltrados por delincuentes y que ellos no lo saben…”, ¿Qué cosa?, un representante de la Nación diciendo eso, no tiene ……. ninguna explicación.
Ante esto, me declaro impedido para seguir haciendo comentarios y mucho menos análisis de cada delito que han cometido estos angelitos, -según la apreciación del Presidente-, así como la ausencia de cualquier autoridad que tenga la mínima intención de integrar carpetas de investigación y en algún momento ejercer acción penal en contra de aquellos que abiertamente se están dedicando a cometer ilícitos graves que merecen sanciones privativas de libertad.
Con estos ejemplos, cada día debemos poner nuestras barbas a remojar, porque para ser considerado como -un buen ciudadano-, solo debes pertenecer a una organización criminal del agrado de los representantes del poder y no andar por el mundo aparentando ser buena persona, “así no te quieren”.
Maestro Martín Miranda Brito
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El escudo del Pejendeje es que es herencia del gobierno anterior, pobre México cuán caro pagamos con “El voto del castigo” y con todas las aberraciones y traspiés de Lopez Obrador aún hay mucha gente que lo defiende a capa y espada sin conocimiento de causa del daño que están haciendo a nuestra Patria.
ASI es nuestra realidad amigo Mauricio, ya no podemos más que rectificar nuestras acciones y en su momento elegir al menos malo, pero este ya decidió muy claro que carece de capacidad para gobernar.