Uno de tantos miles de episodios de violencia que suceden a diario en todo el territorio nacional, gracias a la descomposición social que estamos padeciendo, se vio reflejado el pasado fin de semana, cundo un sujeto degolló a un joven en una fiesta celebrada en Naucalpan Estado de México.
Los hechos ocasionaron la furia de los padres y vecinos que se organizaron para realizar una manifestación, pidiendo la intervención de la Fiscalía y lograr la detención del presunto responsable, lo que ocasionó el cierre de una vía de comunicación de vital importancia, para la movilidad de millones de personas que transitan a diario en el periférico Manuel Ávila Camacho, que une a la Ciudad de México con diversos municipios del Estado vecino.
El caos vial duró más de catorce horas, ocasionando perjuicio a miles de conductores, trabajadores, empresarios, estudiantes, profesionistas, con consecuencias difíciles de cuantificar, debido a la inmovilización e imposibilidad de trasladarse a sus lugares de destino durante todo el día, debido a las exigencias de los manifestantes.
Se aprecia a simple vista como un acto de capricho e intransigencia de los manifestantes, pero esto lleva un trasfondo y merece un análisis profundo, visto de ambas partes de los protagonistas.
La ley es muy clara cuando otorga facultades y deberes a la Fiscalía General del Estado y así en cada Entidad Federativa, en el caso concreto, desde el momento en que un agente del Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un delito, como fue el caso concreto del homicidio del menor que hoy es conocido como -HUGO-, tenía la obligación de ordenar a la Policía de Investigación una pesquisa, para dar con el presunto responsable.
Sin embargo, como se escuchó por voz de los ofendidos, padres del menor hoy occiso, imputaron a las autoridades de omisión y pasividad en la localización de quien se supone cometió el homicidio, ya que al parecer era conocido en el lugar en que se desarrolló la fiesta y se llevaron a cabo los hechos violentos; lo que ocasionó el enojo y reclamo de justicia pronta, por parte de los organizadores y participantes del bloqueo a las vías de comunicación, incluso al grado de amenazar con que no se moverían y harían permanencia en casas de campaña en ese lugar hasta que se lograra la detención del responsable, según ellos.
Ahora bien, por un lado se puede entender el dolor humano y desesperación de los padres de la víctima, perder en esas circunstancias a un ser querido, debe ser un dolor incomprensible para muchos e insoportable, lo que puede justificar sus reclamos, pero si analizamos que estamos en un Estado de Derecho, ¿en dónde quedan las necesidades de terceros?, que se vieron afectados por más de catorce horas sin poder transitar ni llegar a sus puntos de destino.
El hecho de que una autoridad no dé el resultado inmediato en la forma que los denunciantes lo solicita, no es justificación para afectar a miles de personas, violando normas que van desde ataques a las vías de comunicación y provocación e incitación a la violencia, independientemente de las pérdidas millonarias, en gran parte del sector empresarial y social.
Por otra parte, “Que a la autoridad investigadora se le dé un ultimátum de veinticuatro horas para detener al presunto responsable”, ¿es lícito?, considero que fue un exceso en la petición, puesto que, fue bajo amenaza de cerrar permanentemente esa vía de comunicación que en realidad es una arteria que comunica, no solo a dos entidades, sino que es una salida y entrada para la Ciudad de México para el autotransporte proveniente de cualquier parte del centro y norte del País.
Luego entonces, en dónde queda la autonomía de las instituciones y en especial de la Fiscalía, que suponemos estaba haciendo su trabajo de forma exhaustiva para la localización del activo del delito, imaginen que se hubiera dado a la fuga de manera inmediata, incluso saliendo del País por cualquier medio o esconderse de forma indefinida, tampoco está en las manos de los investigadores, como para que sean acusados de negligencia y omisión de sus funciones.
Afortunadamente, las autoridades que en el caso intervinieron, fueron condescendientes y atendiendo al dolor humano que representó el hecho, negociaron de tal forma que se pudo levantar el plantón, para luego llegar a la noticia de que el presunto homicida, -SE ENTREGÓ VOLUNTARIAMENTE-, para que se diera por cumplimentada la orden de aprehensión, que al vapor se había obtenido por parte de un Juez de Control, para ser internado en el Reclusorio de Barrientos, Estado de México.
La vida del menor no se va a recuperar, la reparación del daño tampoco, porque aunque se impongan penas económicas de reparación, previo juicio que se le siga al imputado, no satisface ni sana la lesión moral que ha sufrido la familia, pero en el plano de la justicia, se llevará a cabo un procedimiento en el que atendiendo las particularidades de la defensa y la parte acusadora, se llegará al dictado de una sentencia y suponiendo que sea condenatoria, se le impondrá pena de prisión al hoy detenido y vinculado a proceso.
Casos como este suceden a diario en todo el territorio nacional, incluso causando peores daños a familias, comunidades y sociedad, con la recurrente comisión de delitos violentos como homicidios lesiones, feminicidios, desapariciones, entre otros muchos que la ley penal sanciona, sin embargo, nada se ve que el Gobierno ataque frontalmente y miles de esos casos quedan en carpetas empolvadas, que no siguen su trámite procesal ni sus investigaciones como debería de ser en cada caso concreto.
¿Acaso en cada hecho violento que suceda en México, será necesaria la movilización de grupos de presión para que se trabaje y se busque la justicia?
Maestro Martín Miranda Brito
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