En la rebatinga política electorera actual, aunque parezca increíble, nuestros gobernantes siguen en campaña, pero en esta ocasión de manera sesgada, buscando una ratificación del pueblo votante, para que en el supuesto ejercicio de la promoción de -Revocación de Mandato-, ya contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2019, referente a las modificaciones al artículo 35.
En dicha reforma Constitucional se incluyen las hipótesis para promover ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el procedimiento adecuado para la procedencia de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, quien podrá ser sometido a la opinión pública mediante la emisión de voto directo para externar la intención de que el mandatario, pasado su primer trienio de ejercicio, pueda ser sujeto de revocación o en su caso, dependiendo del sentido de los votantes, sería considerado como una ratificación o aceptación de sus políticas y gestiones como representante de la Nación.
Aunque sabemos por la inercia que ha llevado el actual gobierno federal, con la toma de decisiones, que no han gustado a gran sector de la población mexicana, no podemos decir si la mayoría quiere la permanecía del titular del Ejecutivo Federal, lo cierto es, que sabemos y hemos escuchado de voz del mismo Presidente, -que aquí se hace lo que él manda, puesto que ninguna política anterior ha sido eficaz-.
Ante esa posibilidad de revocar el mandato del titular de la presidencia, se presentan muchas maneras de interpretación y manejo de las políticas entre los distintos partidos, en razón de que el tema siempre da para más polémica, puesto que bien podría ser un arma letal al momento de obtener resultados en el caso de la práctica y ejercicio del voto ciudadano o producir el efecto contrario, es decir, que se reafirme la convicción de ser un omnipotente.
Desde el punto de vista democrático suena bien y se antoja como una posibilidad de calificar el desempeño del ejecutivo, puesto que el procedimiento de consulta debe ser abierto y transparente para conocer el verdadero sentir de la ciudadanía que finalmente es quien resiente o se beneficia con las decisiones de gobierno.
Desafortunadamente en el caso concreto actual y promovido por el mismo Presidente de la República, se nota una intención evidente de populismo, para demostrar que tiene la aceptación mayoritaria de sus seguidores y lejos de ser sujeto a un proceso de revocación de mandato después de su tercer año de gobierno, será confirmado y fortalecido en las preferencias.
Otra arista de esta figura electoral, es precisamente la posibilidad de que las oposiciones partidistas, siempre buscarán presionar a sus rivales políticos bajo la amenaza de ejercer ese derecho, causando un desequilibrio en los ejercicios de gobierno, de manera constante en cada sexenio, buscando amedrentar o en su caso lograr la destitución de aquel mandatario que haya llegado al poder siendo de la oposición
La reforma Constitucional a su artículo 35, contiene las bases del proceso que deberá ser organizado por el INE, para realizar la consulta mediante la cual se preguntará a los votantes si desean que el primer Mandatario de la Nación continué con su ejercicio o sea revocado, pero el costo económico resulta excesivo, si lo consideramos como un ejercicio vano y sin resultados positivos, ya se han manejado cifras aproximadas que en este caso se deben erogar por parte del organismo electoral, encargado de la organización, logística, captación del voto y calificación de la jornada, ascendiendo a más de dos mil millones de pesos, en la parte conservadora, porque hay opiniones en el sentido de que será más caro que eso, lo que desde luego es a costa de los ciudadanos que pagan impuestos, porque es preciso aclarar, que no todos lo hacen y sabemos perfectamente quienes son.
Sin contar el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó al Congreso de la Unión, legislar la norma secundaria de la reforma al artículo 35 de la Constitución Federal, es decir la Ley Orgánica para definir los procesos y estructura que pueda hacer funcional la recepción de votos ciudadanos para manifestar su opinión con respecto a la gestión presidencial, lo que hasta la fecha no ha sucedido, debido a las grillas políticas en la Cámara de Diputados que no deciden aprobar un periodo extraordinario de sesiones, para resolver dicha ley reglamentaria, a pesar de que el INE se ha manifestado al respecto, señalando que el próximo mes de marzo de 2022, se realizará la consulta mediante las urnas a lo largo y ancho del territorio nacional, para ejercer el voto frente a la Revocación de Mandato.
Por una parte, al Presidente de nuestro País le urge que se establezcan las bases y fechas para que se lleve a cabo la expresión de sus propios votantes, es decir sus seguidores, quienes podrán manifestar de manera oficial y pública, sus preferencias y confirmar a todos aquellos que se oponen a su gestión y forma de llevar las riendas del gobierno, que tiene la razón y ha sido eficaz como lo pregona, pero por otro lado tenemos a todos aquellos que de alguna forma han expresado no haber votado por el actual Presidente y que esperan ver como resultado, que la mayoría de la población con derecho a voto, manifieste su inconformidad y poner en aprietos a quien se somete a consulta, cosa que se ve muy lejana de la realidad.
Los escépticos dirán que la tan anunciada jornada de recepción de votos solo es una cortina de humo para distraer la atención frente a tantos problemas que atraviesa el País, pero en lo personal creo que -SÍ ES UNA CORTINA DE HUMO-.