La palabras van y vienen como siempre, tal es el caso de lo que escuchamos en todos los niveles políticos, que se implementarán las garantías para que toda persona sea respetada en sus derechos fundamentales y humanos, mientras se critica con vehemencia cuando en alguna latitud del planeta, se conoce de algún acto de barbarie que represente crueldad a los semejantes, basta con que se maltrate a una sola persona para que los gobiernos levanten la mano para presumir que en su territorio y ámbito de poder no suceden esas cosas.
¿Suena utópico verdad?, pero la realidad es otra, hemos visto y escuchado que el Congreso y las Legislaturas de los Estados proponen, estudian, modifican leyes y normas especiales para levantar en alto los tan famosos -Derechos Humanos-, así como las sanciones que pueden ser aplicadas a quienes violan esas disposiciones de obligada observancia, buscando que a nadie le sean violentados en su esfera personal.
Pero cuando vemos a través de los medios de comunicación que las autoridades migratorias en el sureste mexicano, durante pasados días de fin de semana, se despacharon con la -macana grande- y con alarde de prepotencia, abuso de autoridad, sin un orden o estrategia, someten a los migrantes centroamericanos que pretenden cruzar nuestro territorio para llegar al anhelado sueño Americano, quienes además de sufrir calamidades y penurias ante la inclemencia del tiempo y los peligros derivados de la inseguridad que prevalece en toda América Latina, tratan de avanzar en caravanas poco organizadas para sobrevivir con la ayuda de algunos buenos samaritanos que les proporcionan alimento y agua en cantidades mínimas y paupérrimas, pero no obstante, se tienen que enfrentar a la fuerza del Estado, que para dar cumplimiento a sus Leyes migratorias tratan de impedir el avance de esos grupos migratorios.
El caso es, que toda norma de derecho impone a los gobiernos la obligación de respetar y hacerla respetar por parte de la población o de sus visitantes, lo que le da a las instituciones el derecho de aplicar las reglas y ejercer la coacción que legalmente se debe aplicar con protocolos de contención, como es el caso del manejo de grupos en situación de contraposición con su debido cumplimiento, pero eso desafortunadamente no existe.
La regulación de los procedimientos protocolarios para aplicar la fuerza es muy clara como lo establecen las leyes especiales, como la denominada “LEY NACIONAL DEL USO DE LA FUERZA”, en la que se contienen las obligaciones, formas de acción y cuidado que deben aplicar los elementos policiacos, guardias y agentes de cualquier institución, como es el caso de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, con vigilancia y supervisión de sus jefaturas, direcciones e incluso hasta la Secretaría de Gobernación, quienes deben cuidar el desempeños de sus elementos, lo que llevaría a un buen desempeño para el cumplimiento de sus funciones.
En el caso concreto, solo hemos visto una horda de sujetos armados con escudos apaleando a algunos migrantes, que incluso cargado niños son golpeados inmisericordemente y en pandilla, porque no se les puede llamar de otra forma, puesto que al aplicar la fuerza desmedida concurriendo muchas personas con un solo objetivo, que derribado en el piso ya sometido y sin defensa, es masacrado a golpes con pies y manos, eso es BESTIAL-, ninguna legislación permite esa demostración de exceso y abuso de poder.
Todo funcionario, llámese administrativo o de campo, debe aplicar protocolos y adestramiento para la contención de masas, buscando siempre impedir que los grupos de personas que buscan algún objetivo sin aparente apego a las normas legales, debe persuadir y si no se logra, pues podrá aplicar la fuerza justificada para someter al activo, pero con orden, equilibrio proporcional y sin causar daño a la persona o sus bienes, -muy contrario a lo que hemos percibido-.
La cara contraria es utilizar la fuerza en exceso por parte de los cuerpos de seguridad, lo que implica sin lugar a dudas ese efecto de represión o brutalidad policiaca, incurriendo también en la comisión de diversos delitos que deben ser sancionados por la vía penal y siguiendo los procedimientos internos de sus corporaciones hasta poner a los responsables a disposición de la Fiscalía correspondiente y en su caso ante un Juez Penal, para seguirles procedimientos judiciales procedentes de acuerdo al tipo de delito cometido, esa es la justificación para implementar de manera urgente un efectivo adiestramiento y capacitación en tácticas policiales para poder decidir y saber contener a aquellos grupos que pretendan causar disturbios, sin caer en la represión.
Ante los ojos del mundo y los Organismos Internacionales hemos quedado como un País que tiene un gobierno depredador, sin respetar la vida y los Derechos Humanos de aquellos que por causas ajenas a su voluntad, han sufrido en sus países de origen persecuciones, hambre e inseguridad, consecuentemente buscan un refugio o una estabilidad económica en otras naciones, como es el caso de México y Estados Unidos, en donde tratan de establecerse para escapar de las penurias de sus territorios de origen, sabemos que a nivel mundial existe la migración, hemos visto actos de represión, pero nunca tan grotescos como en el caso que nos ocupa y sucedidos en el Estado de Chiapas, lugar en el que casualmente al tiempo de tales acontecimientos, el señor Presidente de la República se encontraba de gira por esa entidad.
Casualidad no, vemos que a principios del gobierno actual se pregonaba por el libre tránsito y dejar pasar sin problema esas caravanas multitudinarias, incluso se llegó a ofrecer permisos especiales para estadía en nuestro territorio, ofertas de trabajo y numerosas ayudas, ¿sería con algún propósito?, el caso es, que pasado escasamente un año la política cambió y se ordenó cerrar la frontera sur, ordenando a las autoridades de migración, la contención de todo migrante ilegal, lo que ha dado la oportunidad y pretexto para aplicar la -Ley garrote-, convirtiendo a todos aquellos que forman parte de grupos migratorios, en delincuentes, proscritos por la Ley.
La Constitución Federal de nuestro País, establece de manera clara que todo aquel ser humano que pise suelo mexicano, es beneficiario de derechos y protección de las normas, para preservar sus Derechos Humanos y Fundamentales, luego entonces, que está sucediendo, si en lugar de organizar y persuadir el ingreso ilegal a territorio nacional, se les deja entrar y luego se les apalea o detiene para tenerlos hacinados en las estacones migratorias, que no son más que unas inmundicias de prisiones injustificadas, violando todo derecho de libertad de tránsito, amén de las privaciones de que son objeto con falta de alimentos, espacio y condiciones de sanidad, -pero eso no se ve ni se dice-.
Ardua labor tienen las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, tanto Organismos Nacionales como Internacionales, que solo observan pero no pueden levantar la voz, como realmente debería de ser y vamos más lejos, con la propuesta del flamante e inteligente gobierno que tenemos, quien propone la desaparición de la OEA (Organización de Estados Americanos), por la hipótesis de que supuestamente no sirve y carece de funciones efectivas, claro, si se pretende formar un bloque socialista y asociado con algunos países de Latinoamérica que aplican esas políticas, pue les estorba y no les gusta su injerencia, pero el caso es, que aquí se aplica la Ley solo cuando conviene a los intereses políticos del turno, mientras tanto, -LOS MIGRANTES QUE AGUANTEN GARROTAZO-.
Lic. Martin
Muy buen análisis de tu artículo.
Triste realidad la que viven los migrantes en nuestro país, es muy fácil proponer y hacer leyes en pro de los derechos humanos y alardear que se cumplen, lo triste es que no se predica con el ejemplo.
Mi estimada Licenciada, es verdad que estamos viviendo una doble moral, como se explica, ojala se respetaran las leyes y se logre el respeto total de los Derechos Humanos.