“EXTORSIÓN, AMENAZAS, SECUESTRO Y POLICÍAS”

Siempre hablamos de las reformas a la Ley, los nuevos reglamentos de tránsito, las políticas aplicadas a las conductas de los ciudadanos entre otras normas que tratan de regular la convivencia de las personas en una gran urbe como la nuestra y otras ciudades del País, pero existen otros fenómenos sociales que deben atenderse y corregir fallas y anomalías como por ejemplo, la función y actuación de los diversos cuerpos policiacos, especialmente algunos malos elementos.

De manera frecuente nos enteramos de diversos acontecimientos y hechos, en los que se ven involucrados agentes de distintas corporaciones policiacas, que dejan mucho que desear en cuanto a su preparación y honestidad, que desafortunadamente han terminado en tragedias o hechos delictuosos que merecen una sanción penal ejemplar.

Los casos más intolerantes y deleznables que podemos identificar, son aquellos en los que ciertos elementos policiacos incurren en la comisión de delitos graves, como son la extorsión, corrupción, abuso de autoridad y en casos, hasta secuestro y robo, para obtener ganancias ilícitas aprovechando su investidura y uniforme.

Existen casos documentados de policías que amenazan a un ciudadano con detenerlo y presentarlo ante una autoridad, generalmente investigadora como es el Ministerio Público, con el pretexto de que ha cometido una falta al reglamento de tránsito, pero en ocasiones van más allá, argumentando la comisión de una conducta delictiva y ahí sí cambia la cosa, puesto que la amenaza consiste en una privación de libertad bajo el pretexto de que será encarcelado por ese supuesto hecho, lo que causa un impacto en aquellas personas que desconocen los procedimientos y las leyes que en su caso se aplicarían, cayendo en la trampa, accediendo a las peticiones económicas del agente.

Otros casos, también plenamente conocidos y llevados en algunos casos a juicio y sentenciados por la comisión de delitos graves, como es el hecho de que ciertos elementos policiacos corruptos incurren en el amago de ciudadanos, imputándoles una conducta inexistente para someterlos bajo la amenaza de que están cometiendo un delito y llegando más allá de lo imaginado, es decir, sustrayéndolos de su domicilio y privándolos de sus propiedades además de pedir dinero a sus familiares a cambio de la libertad del detenido ilegalmente, cometiendo tantos delitos como el desprecio que sentimos ante ello, como el secuestro, robo, extorsión y abuso de autoridad.

Ante estas circunstancias el sujeto pasivo se encuentra aniquilado emocionalmente y obnubilado como causa del sometimiento y de las imputaciones de conductas que no ha cometido, pero debido a la acción de amenaza inferida por los malos elementos que actúan como activos del delito, lo obligan a dar información de bienes y propiedades, así como de datos de identificación de familiares, para contactarlos y exigirles el pago de sumas como rescate, propiamente dicho, quienes se ven acorralados y acceden a entregar lo que tienen a la mano con tal de no verse involucrados en procesos largos de índole penal.

Desafortunadamente gran parte de la población, carece de la cultura jurídica y conocimiento de los derechos que se tienen antes de ser involucrados en actos ilícitos, siempre con el prejuicio de la -corrupción de los medios judiciales-, con la intención de ahorrar tiempo y dinero para contratar abogados, se ven en la necesidad de acceder a las peticiones dolosas, a pesar de saber que estarán siendo parte de un acto de corrupción, lo que lleva a un cultivo de elementos negativos, involucrándose en la cadena de corrupción.

Dentro de esta triste realidad, existen otras conductas, como aquellos casos en los que de igual forma, algunos supuestos guardianes del orden, abusando de su posición de poder frente a los ciudadanos, incurren en conductas encaminadas a fabricar delitos y elementos del mismo, para imputar al sujeto detenido injustamente, la comisión de algún delito, específicamente, el que es más común, relativo al supuesto tráfico o posesión de drogas, haciendo siembra de objetos o sustancias prohibidas, para aparentar que el pasivo está en posesión y de estupefacientes y es presentado ante las autoridades investigadoras y en su momento ante el Órgano Jurisdiccional para seguirle proceso por delitos contra la salud, que en realidad no cometió, causado por una motivación derivada de la no aceptación a las peticiones económicas o por encargo de un tercero que por rencilla o venganza provoca el daño al detenido injustamente.

La creciente ola de problemas sociales, tanto como económicos como de inseguridad, nos han llevado a padecer un cáncer creciente que debilita los valores de la sociedad y la idiosincrasia de las personas, que terriblemente nos hacen vulnerables y blanco fácil de estos depredadores disfrazados.

Casos como estos podemos enumerar muchísimos, incluyendo el abuso de autoridad y que se conocen debido a las redes sociales que actualmente son utilizadas por la mayoría, pero no sabemos de las atrocidades que suceden a diario sin que quede prueba de ello, consecuentemente, sin castigo por la ausencia de denuncias, que debido a las amenazas y temor a las represalias que puedan realizar los mismos agresores.

Esto nos lleva a la necesidad de imponer penas más ejemplares a todo elemento integrante de cuerpos policiacos que cometan estas conductas, más allá de la comisión de los delitos comunes, puesto que están aprovechando un plano de superioridad sobre el ciudadano común, que desconoce los alcances de defensa y argumentación, independientemente del sometimiento y amenaza que emplean los agresores aprovechando la creciente impunidad.

Nuevamente imploramos al divino para que nos proteja, porque aquí está difícil, por más leyes que se aprueben, sin disposición de las autoridades competentes, no se avanza en la aplicación de justicia.

Maestro Martín Miranda Brito

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