Autor: Martín Miranda Brito

Pandemia, inflación, narcotráfico, delincuencia, inseguridad, inflación, política desatinada, las plagas para el mundo actual que nos aquejan a diario y por si fuera poco ¡GUERRA!

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La legislación civil de nuestro amplio catálogo de Leyes vigentes, contempla una inmensidad de figuras jurídicas, instituidas para resolver cualquier hipótesis que deba ser conocida por las autoridades Jurisdiccionales, dependientes del Poder Judicial, tanto Federal como de cada entidad federativa.

Entre ellas y concretamente en el derecho familiar, tenemos el capítulo de sucesiones, tema por demás interesante, dentro del cual se norman los procedimientos para la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, consideradas como parte del patrimonio de un apersona, a partir del momento mismo de su fallecimiento.

Para poder transmitir a quién o quienes la ley o la voluntad del de Cujus, es decir el difunto, existen diversos mecanismos y procedimientos, como es el caso de la sucesión testamentaria y la legítima, cuya diferencia radica en el hecho de que se haya otorgado disposición testamentaria o no.

Para determinar el tipo de procedimiento sucesorio a partir de la muerte de una persona, es  requisito indispensable saber si existe un testamento en cualquiera de las formas establecidas por la ley, para que se pueda formalizar la transmisión de manera directa y en atención a lo querido por el autor de la disposición, de no haber manifestación expresa y clara por el titular del patrimonio, se tendrá que tramitar un procedimiento de sucesión intestamentaria, llamando a todos aquellos que se crean con derecho de heredar.

Es bien sabido en el tema de las sucesiones que solo se podrán transmitir bienes a los herederos, las cosas materiales que tengan un valor económico, ya sea muebles o inmuebles, así como los derechos que puedan cuantificarse y sean posibles de transmisión de titular, es decir que no se extingan al fallecimiento de su titular, por otra parte, tenemos las obligaciones, de igual forma si no son extinguibles, pasarán a los herederos quienes al momento de aceptar la herencia compuesta por una masa hereditaria, asumen las deudas a cargo solo de los bienes adquiridos con motivo de esa herencia, nunca podrán ir mas allá, es decir, no afectan el patrimonio preexistente.

Cuando escuchamos los términos de -herencia o sucesión-, siempre nos estamos refiriendo de manera directa a la transmisión de los bienes que formaron parte del patrimonio del autor de la sucesión, pero existen interrogantes con respecto a muchas otras figuras o terminología que ponen en duda aquellos que desconocen los alcances de una transmisión de bienes de quienes llegan a fallecer.

Existen temas ideológicos como es el caso de la actual polémica desatada, para no variar, por el señor López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que continúa en la polémica diaria y acaparando reflectores, en su persistente púlpito, en donde adoctrina de manera cotidiana y expone temas, que en su mayoría desconoce, al menos jurídicamente, solamente tratando de imponer sus ideas e ideologías.

El último caso, es el referente a su desafortunada necesidad de recibir atención médica, por sus afecciones cardiacas que ha venido padeciendo, sin embargo, como siempre, todo lo aprovecha y en esta ocasión expresa su intención de continuidad con su labor de cambio en las políticas tradicionales de nuestro País, al pregonar que “ha otorgado su testamento político”, aunque sin mencionar su contenido, no es necesario ser un erudito en el derecho, para saber que jurídicamente no existe esa figura, partiendo del hecho antes señalado que lo único que se puede transmitir después de la muerte, es la masa del patrimonio, -considerado como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones-, no así las ideologías ni mucho menos el poder detentado como una función derivada de un nombramiento como funcionario público.

Para ser funcionario Público, se requiere una designación previamente lograda mediante un escrutinio electoral, como es el caso de los puestos de elección popular, caso principal es el Presidente de la República, quien de ninguna manera podrá transmitir por voluntad a un tercero esa función, puesto que estamos ante un Estado de Derecho y no una Monarquía, tampoco Imperio, vivimos en el siglo XXI, ejerciendo una forma de gobierno democrático, según eso se o ¿estoy equivocado?.

Cuando se habla de un -testamento político-, podemos pensar que solamente es una teoría doctrinal, de pensamiento ideológico, para enseñanza de quienes quieran leerla y entenderla en su caso, pero nunca referente a una transmisión de poder y funciones de gobierno, porque entonces se estarían violando flagrantemente los mandamientos Constitucionales, que prevalecen por encima de cualquier otra norma,

Como consecuencia de las manifestaciones de haber ideado un -testamento político-, muchos sectores de la sociedad, están molestos y con mucha razón, porque ello lleva a otros tantos miembros de la sociedad que desconocen los términos legales, sin embargo son afines con el actual gobierno, que en realidad creen factible que se haga designación de alguna  persona para continuar con la obra política del actual mandatario, para el caso de que llegue a morir durante el ejercicio de su mandato, que dicho sea de paso, está a punto de lograr su ansiada -ratificación-, en lugar de ejercer solo la consulta de revocación.

Pero en fin, sigamos con nuestras vidas, de por sí tan deterioradas por la pandemia, a pesar de los sobresaltos diarios ocasionados por quien gusta ser maestro de la comedia.

Maestro Martín Miranda Brito

twitter: @miranda_abogado

email: mirandabrito@hotmail.com

Con el afán de dar espectáculo por motivos políticos y económicos, un imberbe político, equivocando las estrategias y jugando al -Súper Star-, instigado y asesorado por una –influencer-, su esposa, cuyo fin mediático es ganar cantidades de dinero inimaginables como es el caso de las regalías y pagos multimillonarios que recibe por las plataformas de redes sociales, han causado euforia negativa por sus actos realizados el pasado fin de semana en el Estado de Nuevo León.

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No solo queda en bravuconadas y desprestigio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), se ha ido más allá, al utilizar la figura insana de libertad de expresión, mal utilizada por el actual titular del Ejecutivo Federal para hacer gala de su publicidad y acopio de seguidores para que expresen su clamor para que siga gobernando y manteniendo a todos aquellos que no saben lo que es trabajar.

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A lo largo de muchos años, hemos sido testigos de la migración de personas hacia el norte del continente, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, buscando el llamado -sueño americano-, que significa nada más ni menos, que la idea de encontrar una mejor vida con solvencia económica y decorosa, comparativamente con las condiciones paupérrimas que padece gran parte de la población de los Países Latinoamericanos y especialmente los de Centroamérica.

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Hemos de ver cosas inauditas, pero la realidad rebasa la ficción, rezan algunos dichos populares, pero nuestra historia da cuenta de acontecimientos que nos dejan con la boca abierta y el bolsillo vacío, como es el caso de las decisiones administrativas, políticas y económicas que deben adoptar los gobiernos a través de sus poderes de gestión, para recaudar recursos y lograr su funcionamiento burocrático.

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En el transcurso de nuestra vida y el devenir de los acontecimientos, nos encontramos a menudo con historias que nos hacen pensar y reflexionar en torno a la veracidad y posibilidad de su acaecer, pero las sorpresas son grandes.

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Una más y no entendemos, tampoco logramos comprender o vislumbrar hasta dónde llegará el ánimo avasallador de un gobierno que lo quiere acaparar todo, sin medida ni límites, que deja percibir que todo lo que representa poder, es su meta y ansia de dominar cuanto sector o función pública se ponga a su paso, sin importar el crecimiento de un País, que solo se va minando y anquilosando, dejando atrás las épocas de desarrollo y lucha por pertenecer a un mundo globalizado, que solo será recuerdo.

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Nuevamente toca dirigir las luces y atenciones para el máximo Tribunal de nuestra Nación, cuando esta semana el Pleno resolvió declarar inconstitucional el decreto Presidencial que proponía una prórroga de dos años en el periodo de ejercicio del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien desde ya hace varios meses, había manifestado su repudio personal a dicha propuesta.

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