Autor: Martín Miranda Brito

En la rebatinga política electorera actual, aunque parezca increíble, nuestros gobernantes siguen en campaña, pero en esta ocasión de manera sesgada, buscando una ratificación del pueblo votante, para que en el supuesto ejercicio de la promoción de -Revocación de Mandato-, ya contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2019, referente a las modificaciones al artículo 35.

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En otras ocasiones, hemos analizado las conductas negativas de las personas, que incurren en la comisión de delitos, al exponer a otras al contagio de alguna enfermedad, situación por demás recurrente en las épocas actuales.

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En febrero de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis de jurisprudencia, mediante la cual justificaba el uso y consumo de marihuana atendiendo al libre desarrollo de la personalidad, lo que hace obligatoria la aplicación de la misma en juicios de amparo similares, en los que el quejoso busca la protección de la Justicia Federal, relativa a que las autoridades sanitarias le otorguen permiso, pero el efecto directo de esta tesis consiste en que, para lograrlo se tiene que llevar el procedimiento de ejercicio de acción de amparo.

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Desde la promulgación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el pasado día nueve de agosto de dos mil diecinueve, se han presentado diversas reacciones, en virtud de que su naturaleza es confiscar los bienes que son objeto o están relacionados con la comisión de algunos delitos considerados como graves, que contempla la Constitución en su artículo 22, pero en la práctica se ha rebasado ese sentido de sanción a los activos del delito al involucrar bienes de terceros que nada tiene que ver con la intención de delinquir.

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Nuevamente sale a la luz la polémica relativa al manejo de las Fuerzas Armadas de nuestro País, que durante varios años fue el tema en disputa por las distintas corrientes políticas y sectores sociales, cuando se ordenó desaparecer a la “POLICÍA FEDERAL”, que durante el tiempo que tuvo vigencia y ejercicio, rindió frutos y buenos resultados, sin embargo el nuevo gobierno, tratando de cumplir las promesas de campaña del que fuera el candidato presidencial, promovió las reformas a la Ley, que crearon la “GUARDIA NACIONAL”:

Para ésta nueva corporación de fuerzas del orden, se pretendía suplir a diversas corporaciones como “Policía Militar”, “Policía Naval” y “Policía Federal”, tratando de incorporar a éste nuevo grupo policiaco a la SEDENA, sin embrago las presiones tanto en el Congreso como en la sociedad, lograron que se dejara bajo el mando de una institución civil como la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que es del orden civil, a pesar de que la mayoría de sus elementos integrantes provengan del Ejercito, la Marina y parte de la extinta Policía Federal, considerándose así que prevalece un mando civil como lo establece la Constitución.

La controversia básica en este caso es el hecho de que no existe un mando civil en esta nueva o reciente corporación y según se ha manejado en las propuestas políticas actuales, seguirá ejerciendo hasta el año 2024, luego entonces, en dónde quedó la promesa de que sería siempre un mando ajeno a las fuerzas Castrenses.

Algunos han expresado su justificación en el sentido de que las corporaciones policiacas federales están bajo el mando de la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo titular es la señora Rosa Icela Rodríguez Velázquez, pero otros claman que el mando o titular de las fuerzas integrantes de la Guardia Nacional es quien debe ser un civil, tomando en consideración que el actual titular es el General Luis Rodríguez Bucio, emanado de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El caso es que, actualmente el Ejército se encuentra en acción directa de combate a la delincuencia organizada y realizando labores policiacas, que deberían ser exclusivas de la Guardia Nacional y corporaciones Estatales y Municipales, está desempeñando funciones que el Ejercito nunca quiso y buscó a toda costa deslindarse de las labores de policía y vigilancia del orden en la sociedad, ya que originalmente dichas corporaciones militares fueron creadas para proteger al Estado Mexicano de alguna invasión o conflicto bélico con agentes externos y no realizando labores de procuración de seguridad pública.

En parte tienen razón, sin embargo la historia no es tan sencilla, recordemos las múltiples manifestaciones públicas de diversos personajes de la actual política que en años recientes eran oposición al gobierno en turno y específicamente del mandato del anterior Presidente que ocupó al ejército para el combate de la delincuencia organizada y narcotráfico, así como para la realización de labores en las calles a lo largo del país, lo que fue criticado e impugnado por diversos sectores y personajes, buscando que el ejército regresara a sus cuarteles y se dejara a la policía en sus distintos niveles y jerarquías hacer su labor de persecución de delincuentes.

Esos mismos actores políticos de oposición que fueron tan críticos con el hecho de utilizar al ejército, desde su asunción como gobernantes, decidieron seguir manteniendo a esas fuerzas armadas en las mismas actividades que de origen no les corresponden, incluso han procurado reformas a la Constitución, para sostener y fundar esas determinaciones, pretendiendo inducir esta nueva corporación como dependiente de la SEDENA y a pesar de que se promulgó la LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, se sigue utilizando al ejército para las mismas funciones.

La llamada militarización de las fuerzas policiales son un hecho y basta ver la situación actual que ha llegado a ser práctica común cuando vemos que las fuerzas armadas de México como la Marina, El Ejercito, la Guardia Nacional, han venido a sustituir y casi a anular a las policías estatales y municipales, quienes en tiempos recientes luchaban por un mando común estatal, idea que ha quedado en el olvido debido a la predominancia de intervención de los cuerpos federales que tienen dentro de sus funciones básicas, las enumeradas en el artículo 9 de la Ley, que establece las atribuciones obligaciones de la Guardia Nacional y entre otras, menciona:

Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas; Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; Realizar investigación para la prevención de los delitos; Efectuar tareas de verificación, en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas; Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos; Realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que les instruya aquel o la autoridad jurisdiccional, conforme a las normas aplicables; entre otras muchas que enumera dicha disposición.

Pero el caso es que la intervención de los elementos de la Guardia Nacional está extendida y permitida en todo el territorio nacional, así como en todos los ámbitos de vigilancia, incluyendo los recintos fiscales, migratorios, en espacios como los aeropuertos, terminales marítimas y cualquier medio de transporte para combatir a la delincuencia organizada y especialmente a los cárteles del narcotráfico que desafortunadamente se han extendido a lo largo del país.

La última propuesta que ha anunciado el actual Gobierno, por voz de su titular del poder Ejecutivo, consiste en mandar tres iniciativas de reforma a la Constitución, dentro de las que destaca que la GUARDIA NACIONAL pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir que forme parte de las fuerzas armadas de forma clara y directa, para evitar los dimes y diretes de que si debe pertenecer a un grupo de fuerzas civiles o que al menos ostente un mando civil, así de plano se pretende incorporar dicha institución a la Secretaria de la Defensa Nacional, es decir, que sean militares a partir de que se pueda aprobar dicha iniciativa.

Lo anterior, representa una total y absoluta militarización de las fuerzas policiales, lo que la oposición de antaño criticaba y pugnaba por que se evitara, para que las fuerzas armadas se dedicaran a las labores de defensa del Estado Mexicano, sin embargo, como señalamos antes, esos oponentes hoy están en el poder, extrañamente cambió su postura y defienden lo contrario.

Esto me lleva a la reflexión de que -lucho por lo que no tengo y cuando lo obtengo no sé qué hacer con ello-.

Recién nos enteramos de algunos acontecimientos relevantes en nuestro País, pero hubo alguno que especialmente me llama la atención y es aquel relativo a la liberación del ya famoso narcotraficante mexicano, Luis el -güero- Palma, quien no hace mucho fue entregado por las autoridades Norteamericanas a elementos de la Fiscalía General de la República, después de haber compurgado una pena en aquella nación por un periodo de casi catorce años, derivado de lo cual se le inició proceso por la supuesta comisión de varios delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros.

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