Cualquier ciudadano común sabe y en algún momento de la vida ha leído y se ha enterado de que el Estado a través de sus gobiernos e instituciones está obligado a garantizar la seguridad del pueblo, para lo cual se crearon de forma estructural los diferentes cuerpos policiacos, independientemente de las Fuerzas Armadas y la Marina Armada de México, siempre bajo mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Triste y lamentable es ver en la realidad, que ese mandato y obligación no se están cumpliendo y por el contrario la seguridad pública se ha desdeñado y se toma como un pretexto para justificar una propuesta política de “no a la represión”, olvidando los protocolos más básicos de la policía para evitar excesos de manifestación de grupos que causan innumerables delitos en perjuicio de la paz social, seguridad pública, libertad de tránsito entre otros muchos derechos violados en perjuicio de terceros y del mismo Estado.
Basta con enterarnos de los sucesos acontecidos el pasado lunes 8 de junio de éste año 2020, fecha en que en esta gran Ciudad de México, un grupo de manifestantes, predominantemente encabezados por los llamados -anarquistas-, que a todas luces son una célula creada, manejada, instruida y lo más seguro pagada por alguien que buscando sembrar caos, busca satisfacer intereses obscuros, tal vez inentendibles por el ciudadano que solo se ve afectado en sus bienes y derechos personales.
En esa desafortunada manifestación se vio la impunidad en su máxima expresión, al haberse realizado ante la ausencia total de la policía dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuerpo encargado de proteger y hacer guardar el orden, sin embargo, no solo fueron omisos en intervenir, sino que no se presentaron ni se vio a policía alguno en las inmediaciones del centro histórico, lugar en el que fueron los hechos, lo que permitió las peores expresiones de barbarie, causando destrozos en bienes de propiedad privada y pública, realizando saqueos de tiendas comerciales, -grotesco y dantesco-.
Pues resulta que más grotesca es la postura de la señora Jefa de Gobierno de la Ciudad, al justificarse diciendo -que no permitirá la represión y que esos actos fueron producto de manifestaciones encaminadas a la provocación y que los daños ocasionados a los diversos comercios y establecimientos, pueden ser cubiertos por sus aseguradoras, para aquellos que cuentan con un seguro y los que no lo tienen, deberán solventar de manera personal sus daños-, olvidando su obligación primordial que es la de garantizar la seguridad pública de la ciudadanía, buscando solo proteger las doctrinas de un fanatismo puro que pretende solo imponer sus políticas de odio y divisionismo popular.
Al no permitirse la actuación de los cuerpos policiacos ante una situación de disturbios, se está incumpliendo un mandato constitucional y se permite la comisión de delitos que no serán sancionados por el Poder Judicial, ni investigados por el Ministerio Publico hasta ejercer acción penal, a pesar de que en el caso concreto existe un concurso de delitos que van desde el daño en propiedad ajena, daño a bienes de la nación o del Estado, lesiones, robo con agravantes, asociación delictuosa, desacato, amenazas, entre otros, que en la forma de su ejecución plenamente intencional -dolosa-, representan un cúmulo de sanciones por la concurrencia de delitos cometidos en una secuencia de actos inmediatos, que necesariamente deben ser castigados por autoridad judicial, al estar contemplados en la ley penal.
Ante esto, estamos en la imperiosa necesidad de crear protocolos efectivos para que los cuerpos policiacos, sean debidamente preparados para intervenir en acontecimientos de esta naturaleza y con respeto a los derechos humanos, -que al parecer solo los vándalos gozan de ellos- para contener y detener esas acciones, sin que se le llame represión, palabra mal utilizada en un contexto político, lo importante es el ejercicio de la fuerza pública para evitar el descontrol de las manifestaciones, que por sí mismas son legítimas cuando se realizan ejerciendo el derecho de manifestación fundado en el artículo 6° Constitucional y externando alguna inconformidad social o particular, pero distinto es que se realicen expresando odio y furia causando daños y destrozos.
La cara contraria es utilizar la fuerza en exceso por parte de los cuerpos de seguridad, lo que implicaría sin lugar a dudas ese efecto de represión o brutalidad policiaca, incurriendo también en la comisión de diversos delitos que deben ser sancionados por la vía penal y siguiendo los procedimientos internos de sus corporaciones hasta poner a los responsables a disposición de la Fiscalía correspondiente y en su caso ante un Juez Penal, para seguirles procedimientos judiciales procedentes de acuerdo al tipo de delito cometido, esa es la justificación para implementar de manera urgente un efectivo adiestramiento y capacitación en tácticas policiales para poder decidir y saber contener a aquellos grupos que pretendan causar disturbios, sin caer en la represión.
De seguir con estas ideas, el gobierno perderá respeto, -si algo queda- y cualquier grupo inconforme pretenderá imitar las acciones de impunidad y a sabiendas de que no se actuará en consecuencia, seguirán los desmanes de forma creciente dejando al pueblo en total desamparo y desprotección sin posibilidad de hacer valer el derecho, generando la inacción de las instituciones encargadas de aplicar justicia, llevándonos a la total anarquía en un pueblo sin ley.
Maestro Martín Miranda Brito
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